Lo que comenzó como un debate sobre salud mental en Europa se ha convertido en una ofensiva legislativa coordinada, con el objetivo de proteger el desarrollo congnitivo de los estudiantes y la privacidad de la identidad. La alerta se basa en que las redes sociales no filtran los contenidos dependiendo la edad de sus usuarios, poniendo al alcance de niños, información que puede alterar su comportamiento y conducta, induciendo al consumo de tabaco y alcohol indiscriminadamente, entre otras razones expuestas destacan sus características adictivas las cuales riñen con el cerebro del adolescente en formación.
Países como España, Francia, Dinamarca, Polonia y Grecia han avanzado en la implementación de sanciones penales a los idrectivos de empresas que no filtren sus usuarios para excluir a los niños y adolescentes, lo que ha provocado que los líderes tecnológicos inviertan el doble de esfuerzos en mecanismos que comprueben la edad de los usuarios.
Los antecedentes se ubican en otra latitud del planeta, específicamente en Australia, donde en 2025 el gobierno aprobó una legislación pionera estableciendo los 16 años como edad universal sin excepciones de permisos de los padres, apegandose a la responsabilidad que tienen las redes en el “deber de cuidado” (Duty of care) catalogandolas como “producto defectuoso”